¿Cómo funcionan los brazaletes electrónicos?

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La República Dominicana se encuentra lista para iniciar la aplicación y uso de brazaletes o grilletes electrónicos, un dispositivo que se coloca en una pequeña correa para que se pueda adherir en la pierna de la persona que se le aplique como medida de coerción, de conformidad al Código Procesal Penal en su artículo 226, que establece en el acápite 5 que el juez puede imponer como medida “la colocación de localizadores electrónicos, sin que pueda mediar violencia o lesión a la dignidad o integridad física del imputado”.

La base del funcionamiento de un brazalete o grillete electrónico es un circuito que junto a diversos componentes electrónicos incluye un receptor / transmisor de posicionamiento global (GPS), que bajo múltiples mecanismos de geolocalización permite enviar la ubicación de la persona que tiene puesto el dispositivo, pues el mismo usa como base la tecnología de chip GSM que usamos para nuestros celulares, por lo cual asociado a cada brazalete o grillete hay un número telefónico que permite llamar, localizar y monitorear todo el tiempo al imputado. Ya que esta tecnología funciona con la red celular en su componente de mayor cobertura de datos que es GPRS; es por ello que para poder un imputado usar el brazalete electrónico debe estar en un área de cobertura celular; no necesariamente 2G, 3G o 4G; si hay señal celular funcionaria con la cobertura más básica, ampliando de esta forma la cobertura y efectividad de esta modalidad tecnológica.

Adicionalmente, la correa con la que se adhiere a la pierna el brazalete electrónico tiene internamente hilos de acero para hacerla mucho más resistente, y una fibra óptica que genera una alerta si es abierta o rota. Junto a una duradera batería que permite 28 horas de uso con una sola carga, con un extenso cable de carga equivalente al usado para cargar un celular, por lo que la carga no será una limitación.

Felicitamos a la empresa Fennix Global Technologies, que es la única y la primera certificada para brindar en el país esta novedoso tecnología y que ya cuenta con 500 brazaletes electrónicos para dar inicio a esta interesante modalidad de medida de coerción que debe siempre aplicarse a delitos menores, en el marco de la ley y tomando todas las previsiones para que sea un éxito y contribuya al descongestionamiento de nuestros recintos penitenciarios o cárceles.

 

Fuente: audienciaelectronica

Grilletes electrónicos serían efectivos en casos de violencia de género

brazacontra_6284242_20160229161123SANTO DOMINGO. Aunque podrán usarse en los imputados de cualquier delito, los brazaletes electrónicos podrían ser un efectivo medio de control para las personas involucradas en casos de violencia de género para las que se dictaminen órdenes de alejamiento.

Así lo estima la procuradora Maura Martínez, secretaria general del Consejo del MinisterioPúblico, al hacer referencia al uso de los dispositivos, un servicio que desde mañana primero de marzo ofertará la empresa Fennix Global Technologies (Monitoreos), única que, hasta el momento, cuenta con la licencia del Ministerio Público para ofertar el servicio.

“De manera particular, puedo decir que esta herramienta tiene mucha eficacia en la violencia intrafamiliar porque, inmediatamente la persona transgrede el límite, se da un aviso y, ahora el Ministerio Público podrá saber, cuándo se viola una orden de alejamiento y quién”, comenta Martínez. Aclara que su uso dependerá de la gravedad de cada caso y cada imputado.

Los brazaletes electrónicos son un tipo de medida de coerción que establece el Código Procesal Penal. Según la empresa que los oferta, los imputados que sean favorecidos con su uso deberán pagar un precio de unos US$3,200, (unos RD$146,000 a la tasa actual) por los primeros seis.

Ayer, la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, pidió un uso razonable de los grilletes, que se impongan según cada caso, y no por moda.

Maridos matan un promedio de 207 mujeres cada año

mujermaltratada-664x441Santo Domingo.-“El temor de ser maltratada y amenazada es horrible. Ves en la prensa las escalofriantes cifras de mujeres muertas a manos de su expareja y te preguntas si acabarás siendo una de ella”.

Con esas desconcertadas palabras Carolina R. describe la angustiosa situación por la que su exesposo la está haciendo pasar, dos años después de haberse separado de ella y volverse a casar.

La madre soltera, de 27 años, dice sentirse “angustiada, indefensa e insegura” porque el padre de su hija de tres años de edad la amenaza con hacerle daño y matar a su nueva pareja si no la abandona.

Su mirada se torna perdida y su rostro refleja tristeza cuando la joven de piel morena, pelo largo y figura curvilínea, se pregunta ¿cómo la persona que amó es capaz de lastimarla y usar a su propia hija para maltratarla psicológica y económicamente?

Carolina, afortunadamente, no ha sido víctima de algo más allá de amenazas, pero su situación es una constante de alarma que llama a preocupación, tomando en cuenta que en República Dominicana 2,074 mujeres han sido asesinadas entre los años 2005 y 2015.

Matan más que el dengue

Las estadísticas de la Procuraduría General de la República dan cuenta de que 1,078 de esas muertes fueron ocasionadas por parejas o exparejas, que normalmente se resisten a perder la mujer que consideran de su propiedad y que dicen amar. Otras 1,091 fueron catalogadas como homicidios.

En 2015 ocurrieron 144 de estos casos, de esos 77 fueron feminicidios, 16 menos que en el año 2014, aunque aun así escalofriante.

“Esto es mucho más que las muertes por dengue, malaria (106 juntas en 2015) u otras enfermedades y apenas un poco menos que las muertes por accidentes de tránsito”, alerta la coordinadora general del Centro de Estudio de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), Lourdes Contreras.

En total, el promedio de feminicidios por año es de 207, y el del dengue y malaria menos de 70.

Las cifras de feminicidios colocan el país en el cuarto lugar de 40 países del continente americano donde prevalecen los crímenes contra mujeres, en el cerco doméstico.

Este tipo de violencia es generalizada, si se toma en cuenta que 1 de cada 5 mujeres mayores de 15 años ha sido víctima de violencia física y 1 de cada 10 sufrió violencia sexual.

Guerra “avisada”

Por más absurdo que parezca, casos como el de Carolina no sorprenden y muchas veces pasan como “guerra avisada”, pues este tipo de violencia está normalizado en la sociedad dominicana y se trata como un evento de ocurrencia cotidiana en la escuela, en la comunidad y en el entorno laboral, donde el 31.7 % de las mujeres son víctimas de acoso sexual.

Esta situación ocurre tanto en el sector público como en el privado, refiere un documento del Centro de Estudios de Género del Intec.

Por eso no es de asombrar que el 26% de todas las damas dominicanas entre los 15 y los 49 años, ha sufrido violencia física, y una de cada seis mujeres (16 %) ha sufrido daño físico o sexual de parte de su pareja actual o anterior, afirma la Encuesta Demográfica y de Salud (Endesa) 2013.

Ese dato aumenta en un 22 % entre las adolescentes; un 14.5 % entre las que no tienen educación y 12.6 % de las universitarias.

Prevención es la clave

Lourdes Contreras afirma que hace falta prevención, empoderamiento de la mujer y más castigo para los agresores.
A su vez, la Procuradora General Adjunta para Asuntos de la Mujer, Rosanna Reyes, aunque reconoce que falta mayor acceso a la justicia, dice que el problema no terminará hasta que se realice una campaña desde el despacho presidencial, que es donde hay recursos.

“El Estado debe realizar una campaña de prevención para que las mujeres y sus relacionados reconozcan las víctimas”, indicó.

Pocas condenas

En 2015, el Poder Judicial emitió 14,620 órdenes de protección hacia las mujeres, desprendidas de casi 75,000 denuncias por maltrato de género, intrafamiliar y abuso sexual. Pero apenas emitieron 200 condenas en el Distrito Nacional. Contreras subraya que el contexto violento contra las féminas es reforzado con la impunidad de la que gozan los agresores “ante la incapacidad ineficiente de la justicia”.

“Sólo un 4 % de las denuncias de violencia doméstica se judicializa y de estas apenas el 2 % obtiene condena”, resalta la dama, que realiza investigaciones sobre el tema y entrena redes de apoyo a las víctimas que se sienten solas.

Carolina es una de esas agredidas que aún no ha puesto una denuncia porque no sabe qué tan eficiente será la Justicia, en caso de que su verdugo se enoje más cuando lo haga.

Tiene dudas de denunciar a su agresor, pero de lo que sí está segura es de que no quiere ser una más de la lista de feminicidios.

Piden que el uso de grilletes sea de forma gradual

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SANTO DOMINGO. El decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD), Román Jáquez Liranzo, saludó la decisión del Ministerio Público de implementar la colocación de localizadores electrónicos como medida de coerción, según lo dispone el artículo 226 del Código Procesal Penal.

No obstante, el también Director de la Escuela de Derecho de la UCSD, sugiere que su implementación no sea general sino gradual. En ese orden, sugiere que como se ha hecho en otros países, el sistema sólo aplique, en una primera fase, en los casos de prisión domiciliaria, y que, luego de una evaluación, extenderlo a las órdenes de alejamiento por violencia de género. Jáquez Liranzo consideró que los brazaletes electrónicos se deben usar obedeciendo a un propósito humanitario, para procesados o detenidos que sufran de una enfermedad grave, envejecientes, y personas con discapacidad y embarazadas.

También sugiere que el gobierno subsidie parte del costo para que el dispositivo les sea accesible.

 

fuente: Diario Libre

Prison Sint Maarten saves money through electronic monitoring system

prisonsxmPHILIPSBURG – Well-behaved prisoners who meet the requirements of the Ministry of Justice are being released from the prison early under a new GPS-based electronic monitoring system which started two weeks ago, Prison Director Edward Rohan said in an interview.
The idea to implement this system is not new, but this is the first time that a system has been found that works adequately for St. Maarten.
Prisoners are released with an electronic-monitoring device around their ankle, which communicates to a computer system at the prison at all times.
Programming
The device can be programmed so that an alarm goes off if the detainee is not at the right place at the right time. “Within that, we can set up a programme to suit that particular detainee,” Rohan explains. “For instance, if a detainee has a job or goes to school, the device can be set to accommodate that.”
The consequence if a detainee is not where he or she is supposed to be, is that a loud alarm will go off. The device then needs to be reset.
Detainees receive penalty points for any infractions regarding the device. For instance, for not being home on time, they receive 20 penalty points; at 50 they will return to the prison.
“Certain infractions carry an immediate 50 points, such as committing a further offence and tampering with the device,” Rohan explains.
It is unlikely the device will go off by mistake. In the last few weeks, engineers have been busy ironing out any remaining small flaws such as an occasional small delay in the signal of the tag being sent back to the monitor in the prison.
Observation
At the moment, four detainees have been released with the device.
Rohan showed a monitor on which four dots can be seen around the island. “Here you can see the detainees,” Rohan says. When he clicks on each dot, a photograph and basic information about the detainee appears. “This man has a job,” Rohan points at one of the dots. “His device is set so that he has enough time to get home after work.”
A ground rule is that all tagged detainees have to be at home by 7:00pm. “The only reason we would change that is, for instance, if someone is working as a chef and can only do his job at night,” Rohan explains.
Detainees also have a duty to ensure the device is charged. This means that they have to connect the device to a power source for an hour-and-a-half each day; not charging the device carries penalty points.
Numbers
Pointe Blanche Prison currently has 134 detainees. There are also a number of detainees at Philipsburg Police Station, and the cells at Simpson Bay Police Station are currently closed for renovation. As far as Rohan is concerned, some 20 per cent of these prisoners should soon be out with an ankle tag.
The qualifying factors are a record of good behaviour whilst in jail and a urine test which shows negative for drug use. Prisoners must also be permanent, legal residents in St. Maarten and their participation in the programme must be approved by the Minister of Justice. Only prisoners serving a sentence of at least 15 months are eligible for the scheme, and the scheme applies to all offences.
Control
Detainees cannot leave the island, and they must stay on the Dutch side. “It is important to remember that those who are released under the scheme are still detainees,” Rohan says. “They are strictly controlled.
They have a set schedule and we can also closely monitor their whereabouts at any given time. If they stray in any way, a loud alarm will go off, which could be embarrassing for the detainee.”
Prisoners still have to spend a considerable amount of time in jail. A detainee would normally be eligible for parole after two-thirds of their sentence; however, a percentage of the total sentence may then be served outside the prison with an electronic tag. The maximum time that a detainee can be on a tag is six months.
Repeat offenders are not eligible for parole until four-fifths of their sentence has been served, but they are also eligible for the electronic monitoring programme.
Stepping stone
“Really it’s a stepping stone to going on parole and following the instructions of the parole officer. For the first period, the device forces them to follow instructions and have a structured life. They are forced to follow a strict schedule towards their rehabilitation. When this goes well the real parole starts and the detainees have already had some practice with following set rules and a strict schedule,” Rohan says. “For the first period, they have electronic support,” he adds.
For younger prisoners the scheme also offers opportunities, “We are very limited in the education we can offer in prison. With an ankle bracelet younger detainees would be able to go to school,” Rohan says.
The scheme would not be possible without the support of the Probation Service, which oversees the progress of the detainees and encourages and helps them to return to employment, education or volunteering. The detainees have a weekly meeting with their probation officer during which the scheme for the next week is determined.
Investment
The electronic monitoring system used by the prison is manufactured by American firm Fennix Global Technologies. A good investment, as far as Rohan is concerned. “The average cost of having a detainee outside of the prison with a tag is around US $25 a day. To have a detainee inside the prison costs closer to US $200 per person, per day.”
In the cash-strapped justice system, Rohan has plenty of ideas to put the saved money to good use. “Getting more staff is a priority we’re going to concentrate on,” Rohan says. “The electronic monitoring system is an investment everyone benefits from.”

Quejas en compra de brazaletes

La falta de respuestas orilló a la empresa, según Rodríguez, a retirarse de la licitación de los brazaletes el pasado 14 de septiembre.

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¿IRREGULARIDAD?

La licitación para la adquisición de más de mil brazaletes electrónicos que lleva a cabo el Ministerio de Seguridad Pública (MINSEG) para prevenir el asesinato de mujeres y la violencia familiar presenta una serie de irregularidades.

A esta conclusión llegó la empresa Fennix Global Technologies, líder en el diseño, desarrollo y manufacturación de soluciones tecnológicas para el sector de justicia criminal, tras presentar tres reclamos en el acto de homologación que realizó el MINSEG y que no nunca fueron contestados.

Según Chey Rodríguez, director ejecutivo de esta empresa, el pliego de la licitación detalla que se requiere una experiencia en monitoreo electrónico para violencia doméstica de tres años y eso no existe.

Rodríguez informó que los encargados de la implementación del proyecto no saben dar respuestas de qué tecnología requieren; si es pasiva, activa o proactiva.

La falta de respuestas orilló a la empresa, según Rodríguez, a retirarse de la licitación de los brazaletes el pasado 14 de septiembre.

‘Una serie de irregularidades nunca fueron contestadas”, expresó.

Más quejas

Los precios manejados en el pliego también fueron cuestionados, señaló.

En la licitación por mejor valor participó el Consorcio Seg. Telemática, que ofertó $8.6 millones; el Consorcio CWP Buddi con una oferta de $7.6 millones; Consorcio Brazaletes Panamá, con una propuesta de $7.6 millones y el Consorcio Monitoreo Elect. Pmá. que propuso $8.1 millones. El precio de referencia es de $10 millones.

Ante el cuestionamiento de la empresa, El Siglo buscó la versión del MINSEG, pero los intentos fueron infructuosos.

Petición

Gilma de León, vicepresidenta de Funda Género, considera que la queja de las empresas participantes debe ser atendida para evitar caer en el error de ‘comprar aparatos por comprar’.

‘Todo tiene que estar claro para que los brazaletes electrónicos sean garantía de la protección a las víctimas de la violencia doméstica’, expresó.

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MONTO

$10 Millones es el precio de referencia para la compra de brazaletes

 

Fuente: El Siglo Panama

MP contrata empresa impondrá “brazalete” medida coerción

Dibujo-31El Ministerio Público contrató a la compañía Monitoreos Dominicana para la implementación del uso de “localizadores o brazaletes electrónicos” como medida de coerción, la cual está contemplada en el artículo 226 del Código Procesal Penal, pero nunca ha sido puesta en práctica en el país.

Se trata de un dispositivo que se coloca en el tobillo del imputado, y que generalmente se aplica para delitos menores y, sobre todo eso, en los de violencia intrafamiliar, a los fines de hacer cumplir las órdenes de alejamiento.

La información la dio a conocer la procuradora adjunta y secretaria general del Ministerio Público, Maura Martínez, quien aclaró que la medida de coerción en ningún modo sustituirá la prisión preventiva ni el arresto domiciliario, sino que es una opción adicional a la que en lo adelante podrán recurrir tanto el Ministerio Público como los jueces, cuando lo consideren pertinente.

“Como establece la ley, a solicitud del Ministerio Público el juez analiza, evalúa y decide cuál medida de coerción amerita el tipo penal en proceso: si prisión preventiva, arresto domiciliario o la colocación del localizador electrónico”, dijo Martínez.
Prevenidos asumirán costo. Informó que la imposición del “brazalete electrónico” como medida de coerción le costará al imputado unos US$400 mensuales (unos RD$18,3000 a la tasa actual) que deberá pagar a la compañía contratada por el Ministerio Público.

Indicó que en los países donde se ha establecido este tipo de medida de coerción el monto a pagar por el imputado es menor, porque el Estado cubre una parte del costo; “pero aquí, como la procuraduría no dispone de fondos, al menos por el momento, y será la compañía la que va a acarrear con esos gastos, estaríamos hablando de que el imputado tendría que pagar US$400 y pico mensuales”.

Ventajas de localizadores. Martínez dijo que una de las ventajas de este sistema es que si en un momento determinado una persona acusada de violencia intrafamiliar viola los límites que le ha puesto la justicia para acercarse a su víctima, el localizador emite una alerta que permite identificarlo, y el juez entonces puede hacer una mejor valoración y optar por variarle la medida por una más aguda o mayor.

Refirió que hasta ahora esa medida de coerción no estaba a disposición de los jueces ni del Ministerio Público porque no se habían creado las estructuras, pero ya se contrató una primera compañía y se estudian las solicitudes de otras dos.

“La idea es que la compañía contratada y las que se incorporarían después, funcionen como las compañías de seguro, guardando las diferencias; o sea, cada compañía que solicita es ponderada por el Consejo Superior del Ministerio Público, y si cumple con los requisitos establecidos, se les da el permiso para operar el sistema”, agregó Martínez.

Resaltó que todo ha sido dispuesto por el procurador general Francisco Domínguez Brito, “con el objetivo de poner en manos de lo que es la administración de justicia, herramientas para poder facilitar los proceso, y sobre todo, para garantizar que el imputado no se sustraiga del proceso”.

Artículo 226 CPP. Numeral 7 dispone “la colocación de localizadores electrónicos sin que medie violencia o lesión a la dignidad o la integridad física del imputado”.

 

Fuente: Periodico Hoy

Así funcionaría el brazalete electrónico que podría rastrear a los reos en Costa Rica

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Le mostraremos una de las soluciones que ofrece un sistema operacional, información encriptada a 512kbps, que facilitan la supervisión de víctimas como de ofensores, arresto domiciliario y manejo de prisiones con el monitoreo electrónico.

Una vez que la Asamblea Legislativa aprobó el 16 de diciembre del 2014 el uso del brazalete y  Ministerio de Justicia y Paz en abril invitará a compañías a concursar con sus dispositivos electrónicos de seguimiento penal por la contratación de US$ 1,4 millones, algunas empresas pusieron en marcha sus proyectos.

Estos dispositivos o brazaletes electrónicos durante el primer año funcionarán como alternativa de cárcel como un sustituto de prisión preventiva y también se le aplicará a para reos no peligrosos para descontar su condena.

Una de las empresas que están participando es la filial costarricense Desca en asociación con la compañía Fennix Global Technologies quienes proponen su proyecto monitoREOS una solución que cuenta con dos sistemas de rastreo satelital como GPS de Estados Unidos y GLONASS de Rusia.

“Nuestra solución funciona en verdadero tiempo real, esto significa que cada 15 segundos emite un paquete de datos con ubicación y comportamiento del dispositivo, esta práctica de tiempo real suma 5,760 registros diarios”, comentó explicó Chey Rodríguez, CEO de Fenix Global Technologies.

Para su sistema de rastreo se hicieron pruebas de telemetría y redundancia real en el país, con conexión privada de 4 capas para asegurar su funcionamiento en tiempo real.  De esta manera obtiene la ubicación de 3 de los 24 satélites en funcionamiento de cada uno de los sistemas satelitales y esa información se exporta a los servidores de la empresa.

Para las realización de pruebas se utilizaron  tarjetas SIMS de proveedores de telefonía móvil GSM/GPRS. Estudiaron el comportamiento de cada una de las empresas y la rapidez con la cual emiten su transferencia de datos. Los resultados arrojaron que no existe una infraestructura real de telefonía móvil 4G en el país y que existirían grandes congestiones de transferencia de datos.

Es por tal razón, que los ingenieros de Desca y FENIX diseñaron una arquitectura tecnológica para telecomunicaciones y transferencia de paquetes de datos.

El mecanismo electrónico cuenta con 2 hilos de metal y un hilo de fibra óptica en su correa que se enlazan a unos sensores que emiten alertas en el momento que el dispositivo está siendo violentado, además está manufacturado 100% con materiales hipo alergénicos y cuenta con una batería de una duración promedio de 28 horas con una sola carga, en un intervalo de cada 15 segundos”, explicó Chey Rodríguez.

La solución fue desarrollada con un sistema operacional llamado fennixOS, que está diseñado en los idiomas Microsoft Net Framework 4,5 utilizando también Angular JS. El sistema operacional de igual manera cuenta con idioma HTML y para la parte de almacenamiento MS SQL 2013.

Esto les permite a los instaladores y operadores utilizar idiomas como inglés, castellano, portugués, francés, entre otros.

En caso de que el gobierno escoja el proyecto se le brindará un socio apoyándole 24/7, 365 días en la operación del programa y se utilizaría el programa Roll Over, que le permite a los estados cambiar o actualizar las generaciones de las tecnologías, con tan solo agregar más tiempo al contrato. Esta práctica está podría reducir en un 70% los gastos operacionales de los gobiernos, mientras resuelve un gran problema de hacinamiento y readaptación social.